Finalismo y legitimismo en la justificación del ordenamiento jurídico-político
Los argumentos de Leibniz a favor de la causa austríaca
La coherencia entre los escritos políticos de Leibniz y su sistema jusfilosófico

§1.-- Finalismo y legitimismo en la justificación del ordenamiento jurídico-político

Podemos clasificar en dos grandes grupos las teorías de la legitimidad o legitimación del poder político y de los cúmulos de preceptos que vienen promulgados por el poder.

El primer grupo es la línea legitimista o genealógica o intrinsecista, según la cual el poder extrae de algún rasgo de su propia entidad intrínseca su legitimidad --o sea: su autenticidad, su autoridad para imponer su voluntad a los súbditos, la licitud de su potestad de mando. Hay muchos legitimismos.

Para un legitimismo teocrático, es Dios, son los dioses, quienes gozan de un título, ontológicamente fundado, y cualquier poder humano tiene la legitimidad que le confiera o delegue la divinidad.

Otro legitimismo es el cratocrático o aristocrático, según el cual hay seres humanos fuertes y débiles, y los fuertes tienen derecho a someter a los débiles. La fuente de legitimidad del poder es la fuerza; no una fuerza circunstancial, pasajera, sino una fuerza superior que viene de la superioridad o calidad preeminente de quienes, por esa calidad, están llamados a dominar; la naturaleza habría hecho a los hombres desiguales y habría entregado a los poderosos la capacidad y el derecho a tener ese poder, esa potestad.

Otro legitimismo es el tradicionalista, que coloca los títulos de respetabilidad de la autoridad en la tradición, en el legado del pasado, o a lo sumo en los actos fundacionales por los que se estableció tal tradición. Si una dinastía legítima tiene el poder sobre un pueblo es porque los antepasados así lo establecieron, vinculando a generaciones sucesivas.

Otro legitimismo es el democrático. La fuente de autoridad legítima es la expresión de la voluntad popular (sea por democracia directa, por votación plebiscitaria de las decisiones, o por mera representación electoral, que es la menos democrática de las democracias).

Otro legitimismo (que puede superponerse con uno u otro de los precedentes) es el contractualista, según el cual cada quien está obligado a las obligaciones que suscribe, y el poder originaría su legitimidad de un pacto social (tal vez ideal o legendario).

Frente a todos esos fundamentos de la legitimidad que miran a los orígenes, el fundamento pragmático o finalista mira al futuro, a las consecuencias, a los resultados. No se trata de saber cómo se originó en última instancia el poder ni cómo se adquirió su ejercicio. O, más exactamente: esas consideraciones son pertinentes sólo derivativamente con relación al criterio básico de para qué sirve el poder, y de si el poder establecido sirve a esos propósitos. Las reglas de transmisión y continuación del poder están subordinadas así a la cuestión central de los fines del poder. El valor de esas reglas procedimentales es instrumental (al paso que en las teorías legitimistas o genealógicas lo procedimental se erige en sustancial y último).

Salta a la vista la similitud entre la dicotomía jurídico-política de legitimismo y finalismo y la dicotomía de fundacionalismo y antifundacionalismo en teoría del conocimiento; sea en la teoría general del conocimiento, sea en algún campo gnoseológico particular como la teoría del conocimiento lógico, la del conocimiento científico, la del conocimiento común o del filosófico. Para el fundacionalismo el conocimiento se justifica por un rasgo originario e intrínseco de algún conocimiento; así, por la evidencia de un dato que se impone, o se impuso originariamente, a la conciencia con una autoridad obvia e indisputable (sea la evidencia empírica, sea la introspectiva --el «yo pienso» cartesiano--, sea la intuición eidética o lo que sea).

El antifundacionalismo renuncia a esa autoridad originaria y es escéptico con respecto a las evidencias y a su incuestionabilidad. En consecuencia ha de acudir a vías justificatorias indirectas, como la coherencia del sistema, o la coherencia entre el sistema y un cúmulo de constataciones empíricas (coherentismo); o el conjunto de resultados obtenidos por aplicación de la teoría (pragmatismo); o la selección de ciertas reglas cuya confiabilidad esté atestiguada por la experiencia o por aplicabilidad práctica de la teoría (confiabilismo o reliabilism).

Para los enfoques genealógicos o fundacionalistas el procedimiento de adquisición de los conocimientos fundamentales lo es todo. Para los enfoques antifundacionalistas, especialmente para el pragmatismo, esos procedimientos se justifican por los resultados.

En teoría del conocimiento Leibniz es un pragmatista, a pesar de su racionalismo e intelectualismo. Frente al intuitivismo cartesiano y al culto a la idea clara y distinta que se impondría inapelable e indefectiblemente, Leibniz aboga (aunque tal vez en medio de titubeos e inconsecuencias) por una visión que se ha caracterizado como `formalismo', pero cuyo eje es que el sistema de las verdades conocidas ha de ser sometido a la prueba de la coherencia interna y de la coherencia con los datos de la experiencia.

El criterio para distinguir el mundo real de los imaginarios es el de la coherencia, el de la cohesión; los mundos de la ensoñación son fragmentarios, inconexos, incongruentes internamente y unos con otros. Sólo el real es congruente. (Y en definitiva los mundos posibles alternativos no son del todo posibles porque son incoherentes con la existencia de la perfección divina que no consiente la realización de un mundo que no contenga el máximo de lo composible).

Comentando el opúsculo de Leibniz De modo distinguendi phænomena realia ab imaginariis,NOTA 1_1 señala N. Rescher cómo, en ese lugar, Leibniz es un claro precursor de la teoría coherencial de la verdad. Rescher recalca la similitud entre la idea de Leibniz, ahí formulada, de la coherencia y completez como criterios de verdad con la concepción metafísica de Leibniz según la cual de los órdenes posibles está llamado a existir sólo el que coherentemente contenga lo más composible, o sea el que sea más completo (siendo coherente), por el principio de perfección o de optimalidad.

Habría que añadir la convergencia entre esos dos coherentismos (el metafísico y el gnoseológico) y el coherentismo jusfilosófico: la idea de que el principio rector del ordenamiento jurídico-político, el bien común, impone la apreciación global para que nuestras opciones recaigan sobre aquel orden jurídico-político que mejor sirva al bien común como un todo.

Esa convergencia profunda, ese holismo coherencialista, explica que, p.ej., al tratar de justificar los principios lógicos, Leibniz acuda a un argumento parecido al que se ha llamado «transcendental' de Aristóteles a favor del principio de no-contradicción: justifícanse los principios lógicos porque, sin ellos, no se ve cómo articular el sistema de conocimientos; porque hacen falta; porque conducen a buenos resultados y no parece haber alternativa.NOTA 1_2

Exactamente ese mismo sesgo tiene la justificación leibniziana del ordenamiento político-jurídico. No rige en absoluto para él un «todo vale». Hay reglas. Reglas de ejercicio del poder; reglas de elaboración y promulgación de los preceptos jurídicos; reglas de transmisión y delegación del poder. Pero esas reglas son instrumentales y se supeditan al servicio a la convivencia humana y al bien común de la humanidad.

Instáurase el poder político porque hace falta. Una sociedad de seres dotados cada uno de su propia voluntad no puede funcionar sin autoridad, y sin que esa autoridad sea obedecida. Es contingente quién sea llamado al ejercicio de la autoridad, dependiendo de las costumbres, las tradiciones, las ideas del tiempo, las reglas procedimentales. No son contingentes ni la necesidad de alguna regla ni la obligatoriedad de acatar las reglas que de hecho tengan vigencia (así como el resultado de su aplicación, o sea el poder establecido y sus promulgamientos) mientras no existan razones imperativas de bien común que hagan posible y necesario reemplazar ese poder por otro mejor capacitado para servir al bien común.

Y eso es así tanto en el campo del derecho interno como en el del derecho de gentes, especialmente el derecho internacional convencional. Los tratados son leyes de vigencia internacional conjuntamente promulgados por los Estados contratantes y que ninguno de ellos tiene potestad de desacatar ni modificar unilateralmente. Por ellos se plasma un orden jurídico que va más allá de la esfera interna del Estado y que tiene como fin servir al bien común de la humanidad, regulando la sociedad internacional de manera pacífica.

La razón para obedecer los tratados internacionales y desautorizar a quienes los violen es que sin tratados, o sin respeto a la palabra empeñada en ellos, no habría orden, no habría paz, no habría servicio conjunto de los poderes estatales al bien común.

§2.-- Los argumentos de Leibniz a favor de la causa austríaca

Toda esa línea de argumentación la formula Leibniz de manera singularmente luminosa, fulgurante, en sus diatribas contra los borbones y a favor de la causa austracista en la guerra de sucesión de España (1701-1714).

Examinemos someramente algunos de los argumentos de Leibniz a favor de Carlos III, Archiduque de Austria, y en contra de Felipe V y del instigador de su exaltación al trono, cardenal de Porto Carrero. Los argumentos que enumeramos están sacados de estos panfletos:

Manifiesto para la defensa de los derechos de Carlos III, rey de España.
La Justice encouragée, contre les chicanes et menaces d'un partisan des Bourbons.
La Paix d'Utrecht inexcusable.
Dialogue entre un cardinal et l'amirante de Castille relativement aux droits de Charles III, roi d'Espagne.

Los principales argumentos son éstos:

Fue ilegal el testamento de Carlos II nombrando heredero del reino al Duque de Anjou. Ni el difunto rey tenía el poder de legar su reino, ni el testamento podía transgredir los tratados internacionales, ni se hizo el testamento con las solemnidades jurídicamente exigidas.
La acumulación de las coronas de Francia y España en una misma casa reinante constituye --al margen de los rasgos que caracterizan a la monarquía francesa-- un peligro de esclavización y tiranía para los pueblos y para la comunidad internacional.
Además la monarquía borbónica constituye el más despiadado poder despótico que se extralimita en sus prerrogativas (no se olvide que el poder sólo se justifica en tanto en cuanto sirva al bien común, y así un poder desmesurado desborda su legítima prerrogativa o autoridad). El acrecentamiento de ese poder es una amenaza de subyugación que se tiene derecho a resistir.
La entronización en España del vástago de la dinastía histórica y tradicionalmente enemiga significa un golpe demoledor para el patriotismo español y un peligro para la preservación del cúmulo de valores e ideales de que la España de los Austrias se había hecho adalid (preservación de la fe católica, no-expansionismo, respeto a la palabra empeñada, ajustar la vida a principios de seriedad y dignidad, imperio de la ley, renuncia a la guerra ofensiva, ejercicio mesurado del poder en lo interno sin abolir instituciones representativas tradicionalmente establecidas, ideal de la compasión cristiana por la suerte de los desfavorecidos y de la gente de condición precaria; que todo eso fuera más sobre el papel que en la realidad de los hechos es algo que Leibniz no entra a considerar; pero cree que la España de los Austrias hacía gala de esos ideales y valores y que una monarquía borbónica en España podría dar al traste con todo eso, siguiendo la pauta de Luis XIV).
Además, esa entronización es una humillación para los españoles, cuya nación ha venido siendo agredida, acorralada, pisoteada y lesionada durante decenios, si no siglos, por el despotismo capeciano del norte, que le ha ido arrancando territorios adquiridos pacíficamente por herencia. Esa humillación es algo que los españoles tienen el derecho y el deber de rechazar, alzándose en apoyo de la causa austríaca.
Un cambio de dinastía hubiera requerido al menos un consentimiento del pueblo español a través de las cortes, que sin embargo no han sido convocadas desde hace mucho. Así el cambio dinástico ha sido decidido por arriba, por un puñado oligárquico que ha forzado al rey moribundo (Carlos II) a estampar su firma en el acto de entrega.
El único argumento sólido a favor del duque de Anjou es el derrotismo español, la desesperación que --tras el cúmulo de derrotas infligidas a España desde la guerra de los 30 años (y en particular desde el Tratado de los Pirineos), y tras la anexión francesa de muchos territorios españoles-- llega a la conclusión de que, puesto que Francia puede a España, la única solución para ésta es dejarse subyugar por su vecino del norte para así poder mantener incólume e íntegra la monarquía hispana, evitando su desmembramiento al precio de la sumisión al enemigo histórico. Pero ese argumento no es válido. Si se acepta tal pauta de comportamiento ignominioso, está amenazada la convivencia pacífica de las naciones. Y además esa obcecada entrega al enemigo histórico no garantiza el fin perseguido, sino al revés: precipita y propicia el desmembramiento, porque justifica las pretensiones de otras naciones amenazadas por el expansionismo borbónico.
El Archiduque Carlos posee mejor derecho a la corona de España que el Duque de Anjou, porque éste sólo deriva su título de herencia (aparte del testamento de Carlos II) de ser nieto de la Infanta Mª Teresa de Austria, hija de Felipe IV, y biznieto de la infanta Ana de Austria, hija de Felipe III; ahora bien ambas infantas renunciaron a los derechos a la sucesión de la corona española para sí mismas y sus herederos, por lo cual esa línea sucesoria no es válida; en cambio el padre del Archiduque, el emperador Leopoldo, es hijo de Fernando III y de Mariana, hija de Felipe III de España, y en ese enlace matrimonial no hubo renuncia alguna a la sucesión.
No vale la objeción de que la renuncia de la Infanta Mª Teresa en el Tratado de los Pirineos (1659) era una cláusula que formaba tandem con la cláusula recíproca de obligación española de pagar una indemnización por la renuncia. Y es que, en primer lugar, no hay paridad, ni el incumplimiento del pago entraña la anulación de la obligación inversa, porque no se da proporcionalidad alguna. No cualquier incumplimiento de una cláusula contractual entraña la nulidad ni la rescisión del contrato ni menos autoriza a la otra parte contratante a seleccionar a su arbitrio qué cláusulas tienen vigencia y cuáles no. Y en segundo lugar el impago lo causó la parte francesa violando una y otra vez los tratados de paz con España y reclamando más y más territorios con cualquier pretexto baladí.
Ni vale el argumento de que el único objetivo de las renuncias era evitar la unificación de las dos coronas en una misma persona y que eso se consigue alternativamente si el Duque de Anjou viene excluido de la línea sucesoria en Francia, porque el objetivo de las renuncias era la paridad: por la ley sálica, los descendientes de una princesa francesa consorte de un monarca español no pueden heredar Francia, y sería injusto que los descendientes de una infanta española naturalizada francesa sí puedan heredar España.NOTA 1_3
Sobre todo, la violación del Tratado de los Pirineos y demás tratados de paz significa que se quita autoridad y respetabilidad al único instrumento jurídico que permite establecer un orden civilizado y de convivencia pacífica, que es el de los Tratados internacionales suscritos y que gocen de sagrada e inviolable vigencia.
Ni es verdad que haya dejado de tener vigencia la cláusula de renuncia del Tratado de los Pirineos porque presuntamente se evite de otro modo la unión personal de las coronas española y francesa. Los abogados de la causa borbónica arguyen que se da ahí un motivo cesante, pero confunden condición con motivo o causa. Una donación hecha por A a favor de B por causa de un previo servicio de B a A o por cualquier otra causa expresada en el acta de donación no es lo mismo que una donación condicional. Si la causa se revela falsa o llega a dejar de ser verdadera, no por ello se invalida la donación, al paso que sí se anularía si fuera condicional. Leibniz razona así: «mando que, si y sólo si X, entonces Y» implica que, si no se cumple en absoluto X, está mandado que no-Y (es decir, que no sea el bien donado de propiedad del donatario). En cambio «porque X, mando que Y» no entraña que la no realización o verdad de X entrañe el no-mandato de Y (ni, menos aún, el mandato de no-Y). En el Tratado lo que se expresa como motivo o causa no puede entenderse como condición resolutoria.
Tampoco vale el argumento de que las infantas habían hecho dejación de derechos de terceros, a saber sus descendientes futuros, y que una regla de derecho romano anula la disposición de derechos ajenos. No vale porque en el momento de suscribirse tales renuncias no existen esos eventuales descendientes, ni pueden ser titulares de supuestos derechos adquiridos. En el momento de celebrarse los tratados, con las renuncias que contienen, tales posibles seres futuros son no-entes (des non-êtres), exentos de atributos, y por ende carentes de derechos adquiridos.
De atribuirse derechos a los posibles seres humanos futuros, sería imposible hacer leyes, pactos, transacciones, alienaciones, porque siempre podría alegarse que no se pidió el consentimiento de los que habrán de venir al mundo en el futuro. Y una pauta que anula la posibilidad misma del orden jurídico es absurda y sin valor.
Ni vale el argumento de que, al margen de consideraciones jurídicas y de títulos de legitimidad, el pueblo español ha optado mayoritariamente por el pretendiente francés. Y no vale porque (argumento ad hominem), en primer lugar, aceptar ese principio del derecho de los pueblos a prescindir de los títulos legítimos de soberanía y quitar o dar el cetro a quien quieran es optar por una pauta juzgada sediciosa e inaceptable en Francia; mal pueden los partidarios de la dinastía francesa servirse de ese argumento cayendo en una actitud de doble rasero («avoir double poids et double mesure, approuvant et désapprouvant des dogmes suivant vos intérêts»). Ciertamente para Leibniz no es absoluta la obligación de sumisión a los poderes legítimamente establecidos (ni, menos, la de sumisión a los poderes de facto, siendo difusa la línea de demarcación entre unos y otros). Pero la insubordinación necesita una justa causa («une nécessité extrême et indispensable, qui n'a point de loi»), Y, en segundo lugar, no vale el argumento porque un pueblo no puede hacer una opción válida más que por algún procedimiento aceptable de expresión popular, del que haya pruebas palpables y rotundas, que no se dan porque no se han convocado las Cortes del reino; no puede ese consentimiento suplirse por movimientos del populacho, por otro lado en buena medida imaginarios, o por el sentimiento de la multitud presuntamente captado por cada uno según sus particulares prejuicios.

De todos esos argumentos el principal para Leibniz es la inviolabilidad del Tratado de los Pirineos y la consideración decisiva de que, sin el respeto a la inviolabilidad de los tratados, no hay cómo establecer y asegurar la paz entre los pueblos y el orden pacífico que exige el derecho de gentes. Sin ese principio de respeto a la legalidad interestatal, se socava la regla de acatamiento del ordenamiento jurídico, y así el poder deja de ser legítimo. Si se consiente esa conculcación de los tratados por la principal potencia mundial a la sazón (la monarquía francesa), que pasa a erigirse en unilateral promulgador y revocador de las reglas que rigen las relaciones entre las naciones, entonces la humanidad queda sujeta al arbitrio despótico de un poder sin freno y a la ley del más fuerte.

Podemos poner colofón a ese cuadro argumentativo con esta descripción que brinda Leibniz de la situación miserable del pueblo bajo el despotismo borbónico:

: Le peuple est foulé sans miséricorde et réduit au pain et à l'eau par les tailles, taxes, impôts, capitations, quartiers d'hiver et passages des gens de guerre, par des monopoles, par des changements de monnaie, qui enlèvent tout d'un coup à tout le monde une partie de leur bien ... pour servir l'insatiabilité d'une cour qui ne se soucie point des sujets qu'elle a déjà et qui ne cherche qu'à augmenter le nombre des misérables en étendant ses États. Maintenant tous les peuples de la Monarchie espagnole étant sur le point d'éprouver le même sort, les véritables Espagnols qui aiment leur patrie et l'honneur de leur nation n'en seront-ils point émus?NOTA 1_4

En resumen: será una España donde el rey «gobernará a la otomana» y donde a las súplicas de los de abajo contesten los de arriba con nuevas afrentas.

§3.-- La coherencia entre los escritos políticos de Leibniz y su sistema jusfilosófico

Podemos examinar esa polémica de Leibniz a favor de la causa austracista en la guerra de España (así se llamó en su tiempo) a la luz de una larga trayectoria de nuestro autor de participación en los conflictos políticos de su época, poniendo su pluma al servicio de las causas que estimaba justas.

Ya en 1669 nuestro filósofo, a la tierna edad de 22 años, había escrito lo que fue su primer panfleto político, relativo a la elección del rey de Polonia. Encargado por su protector, J.C. von Boineburg, para respaldar la candidatura del conde palatino, Felipe Guillermo de Neuburgo, salió publicado el panfleto con seudónimo.NOTA 1_5

Tras ese primer panfleto, seguirán muchos otros, siendo el más célebre «Mars Christianissimus», un libelo contra Luis XIV; cabe citar también los escritos a favor de la sucesión hannoveriana en Inglaterra (1701), tomando partido por los Whigs, antijacobitas radicales que podían ser los apoyos de la pretensión protestante.

De esa larga serie de escritos políticos se pueden decir muchas cosas.

Una es que nuestro filósofo era, además de filósofo, un hombre de carne y hueso enfrascado en la vida colectiva de su tiempo y que, al margen de su actividad filosófica y científica, tenía (o al menos tuvo) por conveniente tomar partido en querellas puramente políticas, sin que una actividad se confundiera con la otra.
También puede decirse que Leibniz se limitaba a servir lealmente a sus amos o patrones del momento y que su actividad panfletística era similar a la de un abogado o logógrafo que redacta alegatos a favor de la causa de quien le paga honorarios, empleando su buena capacidad lógico-argumentativa a favor de los unos, como hubiera podido hacerlo igual a favor de los otros, si las circunstancias de la vida hubieran decidido que tuviera otro empleador o valedor.
En tercer lugar, puede decirse que, como buen abogado, o buen actor, interioriza las causas que defiende; una vez que ha asumido el papel de alegador a favor de la causa, cumple a las mil maravillas el deber de escrutar concienzudamente el objeto debatido para expresar con claridad todas las razones que puedan aducirse a favor de ella y en contra de la adversa, compenetrándose con lo que escribe y asumiéndolo hasta darle el marchamo de la sinceridad, de la convicción.

Esas tres consideraciones encierran, todas, parte de verdad, o son verdades parciales. Pero no son toda la verdad ni, por ende, son plenamente verdaderas.

Frente a [I] hay que decir que la separación de actividades no es tajante. Por lo siguiente:

Teoría y praxis no están separadas en Leibniz porque los principios y el estilo argumentativo de sus escritos políticos son los mismos que los de los tratados científico-filosóficos, cuyas tesis vienen aplicadas en los panfletos a los datos de la experiencia práctica.
El anonimato o pseudonimato son costumbres de la época a que nuestro autor se acoge en muchos escritos científicos y filosóficos; no sólo en los políticos (aunque más en éstos).
Hay ciertamente razones de prudencia para Leibniz en su afán de anonimato con relación a los panfletos. En parte, son de índole personal. Sabe que los príncipes que se pelean son parientes unos de otros y que sus alianzas son provisionales y cambiantes; que el adversario de hoy puede ser el protector de mañana. (Cf. el caso de la princesa Isabel Carlota de Orleáns, su última valedora.) Pero, por encima de eso, está el universalismo humanista de nuestro filósofo; su deseo de, aun enfrascándose en las luchas políticas a favor de la causa más justa, o menos injusta, tener siempre presente que está por encima un vínculo de solidaridad humana, de comunidad de la familia humana, que debe preservarse, y que en su momento era preferentemente realizable en el ambiente erudito y estudioso; por lo cual las controversias políticas de la calle y del campo de batalla no debían enturbiar la concordia académica y científica.

Frente a [II] hay motivos para dudar que Leibniz hubiera podido igual e indiferentemente servir a unos o a otros. En rigor generalmente los abogados no son escogidos por puro azar. En cualquier caso hay escritos de Leibniz a favor de la preeminencia política del Imperio romano-germánico y del derecho superior de la casa de Austria ya en su primera juventud, antes del viaje a París; hay una cierta línea de continuidad en sus opiniones y preferencias, una ambivalencia de su actitud hacia la Francia del Rey Sol (cierta admiración pero repugnancia e indignación). Es posible que en otras circunstancias vitales Leibniz hubiera servido otras causas, pero no es menos cierto que se da una honda coherencia entre lo que escribe en sus panfletos y lo que sostiene en sus escritos de filosofía jurídica. En suma, no hay ahí mero azar en que Leibniz sea abogado de lo que él ve como la causa política y jurídicamente justa en lugar de serlo del partido francés.

Además, Leibniz no sacó recompensas de sus panfletos políticos, salvo la remuneración indeterminada de poder seguir al servicio de sus señores. La redacción de los escritos la emprendió por su iniciativa y la asumió con convicción; no fueron obras de encargo ni siempre gustaron a los príncipes favorecidos por sus alegatos. Siempre había en su prosa consideraciones de principio que no podían concitar el agrado de los poderosos.

Leibniz nunca olvida que el ius ad rem de una persona individual o jurídica es un derecho relativo y contingente que se infiere de unos supuestos de hecho y que en general es comparativo (es, simplemente, mejor derecho). Y no ignora lo difíciles y a menudo conjeturales que son la averiguación del supuesto de hecho y el análisis de sus rasgos jurídicamente pertinentes. Pero a través de lo contingente se manifiesta lo necesario; a través de lo circunstancial se expresan los principios del derecho natural (cuyo grado mínimo imprescindible es el principium seruandæ pacis).NOTA 1_6 Pero para Leibniz el derecho natural es sustancial, no procedimental. Determina el cometido del ordenamiento jurídico y del ejercicio del poder (intraestatal e interestatal); no las personas que lo ejerzan, lo cual es contingente y está al albur de los acontecimientos; eso sí, dados unos antecedentes de hecho, el derecho natural impone que se siga la vía más conducente a la preservación y promoción del bien común.

Respecto a [III] hay que decir que Leibniz no es un mero buen actor (aunque también sepa serlo, en parte). Evidentemente Leibniz selecciona las causas que abraza y lo hace según un criterio de coherencia entre los principios ético-jurídicos que profesa y esas causas --dados unos supuestos de hecho de los que suele ser buen conocedor, por la amplitud de su saber y de su curiosidad. La totalidad del corpus de escritos filosófico-jurídicos y políticos leibnizianos se inspira en el principio del bien común y de que son ponderables --habiendo de someterse siempre al criterio del mejor y mayor servicio al bien común-- las razones a favor o en contra de una alternativa dada en una contienda humana. Su consecuencialismo no es utilitarismo. El principio del bien común determina la opción de reglas de conducta política (como el respeto a la ley y a los tratados), pero queda a salvo que una razón grave de bien mayor, un estado de necesidad, pueda determinar excepcionalmente la inaplicabilidad de alguna regla.NOTA 1_7

[NOTA 1_1]

Leibniz: An Introduction to his philosophy. U. Press of America, 1986, p. 130.

[NOTA 1_2]

Sobre esa justificación pragmática del principio de no-contradicción, v. Nouveaux Essais, libro IV, cap. II: «les géomètres ont besoin du principe de contradiction dans leurs démonstrations»; cf. Nouveaux Essais L. IV, c. XII; L. IV, c. XVII; L. IV, c. XVIII.

[NOTA 1_3]

No se puede desconocer que --en la mentalidad y las costumbres de aquella época-- los príncipes son miembros de la familia del padre; pertenecen a la dinastía patrilinear. Su nación es la del padre, que es también normalmente el lugar donde han nacido y vivido su niñez y mocedad. El vínculo genético matrilinear confiere derechos mas no determina la nacionalidad del príncipe. Por eso el derecho de herencia a maternis permite incorporar territorios extranjeros a una corona, que tiende a guardar su carácter nacional anterior a tal incorporación. En Francia se veía la ley sálica como una ley nacionalista, que había evitado la entronización en ese reino de vástagos de los reyes ingleses y españoles. Todo eso lo recalca Leibniz en sus panfletos, enjuiciándolo según un principio jurídico de equidad o paridad; esa preocupación por la paridad es lo que condujo siempre a los monarcas españoles de la casa de Austria a no dar sus hijas a un príncipe francés más que estableciéndose de mutuo acuerdo, en las capitulaciones matrimoniales y en los tratados, una solemne y absoluta renuncia a los derechos hereditarios en España.

[NOTA 1_4]

Manifeste, Foucher de Careil, Oeuvres de Leibniz, t. 3. París: 1861, p. 417.

[NOTA 1_5]

El seudónimo era un semi-anagrama, `Gregorio Ulicovio Lituano'. El lugar de publicación era apócrifo; el título del panfleto, «Specimen demonstrationum politicarum pro elegendo Rege Polonorum nouo scribendi gener ad claram certitudinem exactum». Cf. Kurt Müller & Gisela Krönert, Leben und Werk von G.W. Leibniz. Vittorio Klostermann, 1969, p. 16.

[NOTA 1_6]

Véase Reinhard Finster et al. (comps), Leibniz Lexicon: A Dual Concordance to Leibniz's Philosophische Schriften. Olms, 1988, p. 182.

[NOTA 1_7]

Véanse el Prólogo al Codex Iuris Gentium Diplomaticus en la ed. de Escritos Políticos del Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1985, p. 22; y René Sève, Leibniz et l'école moderne du droit naturel. PUF, 1989. p. 215.